Las PDI que han alcanzado una solución duradera pueden ejercer el derecho a participar en los asuntos públicos en todos los niveles y en un plano de igualdad con la población no desplazada, sin ser discriminadas por su condición. Esto incluye, en primer lugar, el derecho a votar y a postularse como candidatas, pero también los derechos a asociarse libremente y a participar en condiciones igualitarias en los asuntos de la comunidad, así como a trabajar en todos los sectores de la administración pública.

Los datos sobre la participación en los asuntos públicos deben ser recolectados a nivel individual para que sea posible realizar un análisis desagregado por sexo, edad y otros criterios de diversidad, según sea necesario. Esto permitirá analizar los niveles de participación de, por ejemplo, las mujeres, las personas jóvenes, las personas con necesidades especiales y las personas que pueden llegar a ser marginadas.

El análisis también debería considerar información de contexto sobre las leyes y reglamentos relativos a la participación política y al voto, la existencia de mecanismos de construcción de paz/reconciliación en los contextos donde esto sea pertinente y el acceso a trabajos en el sector público.